Innovación   

El programa de Contraloría Ciudadana es único entre los 31 estados de la República. Gestionado por la Contraloría General de la Ciudad de México (CGCDMX), el programa facilita el monitoreo ciudadano del gasto público en la inmensa burocracia de la ciudad, incluyendo la ejecución de los contratos públicos. Los auditores voluntarios son capacitados, acreditados y luego asignados para monitorear una junta, comisión o proceso en particular. Si observan alguna irregularidad, los contralores ciudadanos presentan informes que pueden llevar a la Contraloría General de la República o a otras autoridades a realizar una auditoría o investigación formal; esto ha ocurrido más de 30 veces.

Desafío Democrático 

La malversación de los recursos públicos -incluidos la corrupción, el despilfarro y el fraude- reduce la confianza pública en el gobierno y desalienta la participación en los procesos democráticos. Pero una regulación y supervisión más estrictas pueden ser costosas en sí mismas, o pueden crear nuevos trámites burocráticos que pueden ser manipulados.

¿Cómo lo hicieron? 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece un programa de contraloría ciudadana que faculta a los voluntarios para monitorear la transparencia, efectividad y eficiencia del gasto público. Este y otros programas ciudadanos tienen la intención de contribuir con los dos primeros puntos de un enfoque de "prevenir, detectar y sancionar" para frenar la corrupción a nivel local y federal.

Para participar, los residentes interesados se dirigen a las autoridades de la ciudad y se les invita a asistir a un curso de inducción sobre la legislación relativa al acceso a la información pública, la protección de datos personales y los procedimientos de compras públicas. Los ciudadanos que cumplen con todos los requisitos reciben una credencial de Contralor Ciudadano para asistir a reuniones y eventos.

Se designa un Contralor Ciudadano para cada una de las 104 juntas, comisiones y consejos de la ciudad y sus órganos de contratación. El ciudadano asiste a las reuniones y presenta informes detallados a la Contraloría General de la República. Si se detectan actividades irregulares, se presenta una denuncia. Los Contralores Ciudadanos también llevan a cabo encuestas de satisfacción ciudadana para identificar los problemas con la prestación de servicios y la forma en que los funcionarios públicos tratan a los ciudadanos. 

¿Cuál es el avance?  

A mediados de 2017, había casi 900 voluntarios activos, divididos casi por igual entre hombres y mujeres. Casi la mitad (45 por ciento) tiene más de 51 años. Algunos de los logros del programa incluyen:

• Realizar más de 150 visitas a programas federales de desarrollo social, lo que representa un aumento exponencial del monitoreo presencial.
• Encuestar a más de 1,000 ciudadanos en más de 100 fiscalías.
• Descubrir la corrupción en la forma en que se determinan los beneficiarios de un programa gubernamental para promover las industrias agrícolas y pesqueras.
• Inducir a más de 30 auditorías formales mediante el uso del sistema de denuncias en línea.

La Contraloría General y la Secretaría de Educación también han puesto en marcha Chiquicontraloría para promover valores de honestidad, respeto, amistad y solidaridad en los niños en edad escolar a través de actividades educativas y recreativas. 

Otras iniciativas incluyen una Oficina de Controladores Móviles que recorre la ciudad para crear conciencia pública; un Laboratorio de Certificación de Obras Públicas, inspirado en un programa británico, que da a los ciudadanos la oportunidad de monitorear proyectos de construcción; y capacitación ética para candidatos políticos y funcionarios públicos. La Contraloría mide el desempeño mediante el seguimiento de la trazabilidad de las decisiones, el número de licitaciones públicas electrónicas y el número de ofertas recibidas.

Consideraciones

• Exigir el acceso a las reuniones. Cualquier tipo de esfuerzo de monitoreo ciudadano se basa en el cumplimiento de los reglamentos sobre reuniones abiertas, incluyendo la notificación previa. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México requiere que todas las agencias de la ciudad notifiquen al programa de Contraloría Ciudadana sobre las próximas reuniones de adquisiciones, licitaciones y presupuestos, pero no existe un mecanismo de control. Por lo tanto, puede ser difícil para los contralores ciudadanos hacer un seguimiento de todas las reuniones relevantes.
• ¿Sostener o asociar? Los activistas cívicos y los periodistas llevan mucho tiempo supervisando de forma independiente el gasto del gobierno. Sin embargo, puede que estos esfuerzos no sean sostenibles, integrales o incluso seguros, dependiendo de las condiciones de la prensa libre. Contar con organismos de control ciudadano patrocinados por el gobierno puede constituir un apoyo sostenible, pero también introduce el riesgo de que los auditores ciudadanos se sientan obligados o presionados a no revelar información que sea perjudicial para intereses poderosos.