El Derecho a la CiudadInnovación
Basándose en la teoría social humanista, la Ciudad de México definió un "derecho a la ciudad" universal en una carta de 2010 y en su nueva constitución, ratificada el 5 de febrero de 2017. Como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México, "El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de los bienes públicos con la participación de los ciudadanos".
Desafío Democrático
Durante miles de años la gente se ha reunido en las ciudades para crear comunidad y oportunidades. Ese acto colectivo de creación, y ese sentido de pertenencia, deben estar igualmente disponibles para todos los que quieran participar.
"Tu creas la ciudad y, a cambio, la ciudad te crea a"
¿Cómo lo hicieron?
El concepto de "derecho a la ciudad" fue formulado a finales de los años sesenta por el sociólogo francés Henri Lefebvre. Lefebvre lamentó que las ciudades se hayan convertido en mercancías capitalistas, regidas principalmente por intereses privados. En su visión alternativa, la ciudad es un espacio compartido donde la gente se reúne para forjar y negociar identidad, cultura y sociedad. La ciudad es "un lugar de encuentro para construir la vida colectiva". O en palabras del Laboratorio de la Ciudad de México para la directora de la Ciudad Gabriella Gómez-Mont, "Tú creas la ciudad y a cambio, la ciudad te crea a ti". Siempre que se excluye a individuos y grupos de la participación significativa en este acto colectivo de creación, se vulnera el derecho a la ciudad.
Ha habido oleadas de activismo global en torno al Derecho a la Ciudad desde los años 90 en adelante, tratando de incorporar el derecho en el Foro Social Mundial, el Foro Urbano Mundial, la agenda urbana de las Naciones Unidas y otros marcos. Inmediatamente después del cambio de siglo se elaboró una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que define el derecho como "el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social". (Los críticos han denunciado estos intentos de institucionalizar el derecho dentro de las estructuras de gobierno existentes, argumentando que esto socava su radicalismo).
En 2007, los activistas de la Ciudad de México llegaron a un acuerdo con el gobierno de la ciudad para desarrollar una carta indígena para el derecho a la ciudad. En enero de 2008 se celebró una mesa redonda pública de tres días de duración para poner en marcha la iniciativa, y se estableció un Comité de Promoción con representantes del gobierno y de la sociedad civil para solicitar la opinión del público y supervisar la redacción de la Carta. El Comité organizó tres eventos públicos, que atrajeron a unas 3.000 personas, y celebró más de 30 reuniones para coordinar, debatir e integrar diversas voces y materiales. El proyecto de Carta fue presentado al gobierno de la ciudad en septiembre de 2009, y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad fue adoptada en julio de 2010. Se articula en torno a seis fundamentos estratégicos y cinco descriptores de "la ciudad que queremos" (ver imagen) y concluye con compromisos para el gobierno local, las entidades educativas, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y "las personas en general".
(Carta por el Derecho a la Ciudad de México)
La Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada por y para el nuevo distrito federal autónomo en 2017, incorporó las ideas de la Carta por el Derecho a la Ciudad en su Carta de Derechos, una sección de los documentos rectores que reconoce oficialmente los derechos de todos los habitantes de la ciudad.
¿Cuál es el avance?
El Derecho a la Ciudad sirve como una "gran carpa" para ideas sobre ciudadanía, igualdad económica, acceso a servicios, uso de la tierra y otras preocupaciones centrales. En la Ciudad de México, los encargados de formular políticas y los funcionarios públicos han establecido sub-derechos particulares, entre ellos el derecho al juego, el derecho a la imaginación, el derecho a formar parte de la formulación de políticas y el derecho a una buena administración pública. Estos dos últimos derechos proporcionan una base para diversas iniciativas tales como la elaboración de presupuestos participativos, la lucha contra la corrupción, la apertura de la información del gobierno, las reformas a las medidas de desempeño para el personal del gobierno y el diseño para los residentes con discapacidades. "Una ciudad tiene que ser igual para todos", dijo el jefe de la Unidad de Reforma Política, Gustavo Sánchez. "Todos deben tener acceso a las decisiones públicas." La Secretaría de Desarrollo Social ha citado el artículo constitucional del Derecho a la Ciudad como parte del marco legal de sus programas de seguridad alimentaria, equidad social y violencia doméstica, así como de desarrollo participativo vecinal y comunitario.
Todavía quedan preguntas abiertas sobre cómo se pondrá en práctica el Derecho a la Ciudad, en particular con respecto a las comunidades afectadas por el desarrollo y los impuestos. Los esfuerzos para incluir la captura del valor de la tierra en la Constitución de la Ciudad de México fracasaron, pero el documento requiere pagos por parte de promotores inmobiliarios para mitigar los impactos ambientales y `urbanos'". La política y la regulación serán supervisadas por un nuevo Instituto de Planificación Democrática y Prospectiva, y un nuevo Programa General de Zonificación.